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COVID-19: Resumen medidas laborales y fiscales del 13,14 y 18 de Marzo

Dada la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se han adoptado, por parte de las diferentes Administraciones Públicas, un importante volumen de medidas y disposiciones en todos los sentidos.

A continuación, a través de una entrevista de forma telemática con Xabier Rodríguez, Asesor Fiscal y Laboral de AESS, analizaremos las que afectan a materia tributaria y han sido impulsadas por la Administración General del Estado. Las más relevantes hasta el momento han sido publicadas los días 13, 14 y 18 de marzo.

¿Se puede solicitar el aplazamiento de deudas tributarias?
Sí, siempre y cuando correspondan a ingresos que deban producirse entre la fecha del Decreto de Alarma y el 30 de mayo. El aplazamiento se concederá por un plazo de seis meses y los tres primeros devengarán sin intereses. 

¿Puede adherirse todo el mundo a este aplazamiento? 
Existe una limitación en cuanto al volumen de operaciones. Así, en 2019 no ha debido superar un volumen de operaciones de 6.010.121,04 € y las deudas deben tener un importe inferior a los 30.000 €.

De esta manera, afecta a contribuyentes de reducida dimensión, generalmente, a autónomos o pymes y cuyo principal efecto es el de permitir el aplazamiento sin garantía de determinadas deudas, como las relativas a las retenciones e ingresos a cuenta o a pagos fraccionados, que hasta ahora estaban excluidas de esa posibilidad.

¿Cómo afecta el Estado de Alarma a los distintos plazos?
Quedan suspendidos los plazos procesales y de prescripción y caducidad de todos los derechos y acciones. 

¿También se ven afectados los plazos administrativos? 
Los procedimientos administrativos tributarios se regirán por su normativa especial. Por lo tanto, desde el punto de vista tributario, el RD 463/2020 supone la suspensión de los plazos de tramitación de los recursos contencioso-administrativos, salvo actuaciones que el órgano jurisdiccional estime necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes; supuesto que en el ámbito tributario no debería tener una amplia aplicación.

¿Cómo se alteran dichas suspensiones?
La suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones, se entenderán como una suspensión de los plazos para la interposición de recursos contencioso-administrativos, aunque un elemental principio de prudencia aconseja que estos escritos se presenten dentro de los plazos ordinarios.

Y la suspensión de los plazos en el ámbito tributario, ¿tiene alguna particularidad? 
En términos muy generales, se establece la ampliación hasta el 30 de abril de los plazos en los procedimientos de naturaleza tributaria que hubiesen comenzado a contarse antes de la entrada en vigor de dicha norma, así como la extensión hasta el 20 de mayo de los que se notifiquen a partir de esa entrada en vigor, salvo que la norma ordinaria prevea otro superior.

Esta normativa prevé expresamente la ampliación hasta el 30 de abril, o en su caso hasta el 30 de mayo, de los plazos de pago de deudas en período voluntario o que ya hayan sido apremiadas, así como de los vencimientos de deudas aplazadas o fraccionadas. Siendo esta una previsión aplicable con carácter general, sin limitación en cuanto a las características del sujeto pasivo o al importe de la deuda, debe tenerse en cuenta que la ampliación del plazo sigue sin aplicarse a la obligación de presentar autoliquidaciones o efectuar e ingresar retenciones e ingresos a cuenta.

¿Qué comprende el ERTE en este supuesto de fuerza mayor? 
Entiende las suspensiones y reducciones que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados.

¿Es posible un ERTE si la empresa está viendo debilitada su economía? 
Sí, el ERTE se puede dar por causa económica, técnica, pero también organizativa y de producción, siempre y cuando las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción están relacionadas con el COVID-19.

Y el teletrabajo, ¿se regula de alguna manera especial? 
La empresa deberá adoptar las medidas que hagan posible el teletrabajo siempre y cuando ello sea técnica y razonablemente posible y el esfuerzo de adaptación sea proporcionado. Luego, se debe garantizar que la actividad empresarial y las relaciones de trabajo se reanudarán con normalidad tras la situación de excepcionalidad.

Sobre la opción de que las empresas adopten la reducción de jornada, ¿cuándo se podría dar? 
Se tendrán que dar una serie de circunstancias excepcionales derivadas del Covid-19 y la necesidad de adaptar las condiciones de trabajo a las nuevas circunstancias. Esto conllevará la adaptación de la jornada con la reducción especial de la misma. 

De esta manera, también tendrán derecho los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado a personas (cónyuge o pareja de hecho y familiares por consanguinidad hasta el segundo grado) cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del Covid-19.

¿Existe la posibilidad de solicitar el desempleo? 
Sí, hay protección por desempleo en los procedimientos de suspensión del contrato o reducción de jornada. 

¿Los plazos para solicitarlo?
 La presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos legalmente no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente.

¿Hay alguna prestación extraordinaria por cese de actividad? 
Sí, pero limitada a un mes o hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma.

Hablemos de las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones…
Existen medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor siempre y cuando la Autoridad Laboral autorice la suspensión del contrato o reducción de la jornada por fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en los términos del RDL, la empresa quedará exonerada del abono de la aportación empresarial y de las cuotas por recaudación conjunta.
El periodo de aplicación será mientras dure el periodo de suspensión o reducción.

¿Tiene compromiso la empresa de mantener el empleo durante algún tiempo cuando se reanude la actividad? 
Así es, las medidas contenidas en el RDL tienen como premisa necesaria el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Además, no se suspenden los plazos administrativos.

Entonces el ERTE, ¿a quién atañe? 
La regulación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada previsto en este RDL por fuerza mayor y por causas relacionadas con el COVID-19 solo resultará de aplicación a aquellos expedientes iniciados o comunicados a partir de su entrada en vigor. Por contra, la regulación en materia de cotización y prestación por desempleo también resultará de aplicación a los procedimientos autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este RDL siempre que la medida derive directamente del COVID-19.

La vigencia será de un mes desde la entrada en vigor. Posible prórroga en caso de continuidad de la situación.

¿La suspensión de plazos administrativos afecta a la aplicación de los plazos tributarios? 
La suspensión de plazos administrativos prevista en la DA del RD 463/2020 no resulta de aplicación a los plazos tributarios “ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias”. Esta disposición “aclaratoria” entra en vigor el día 18 de marzo.

Igualmente, se amplían hasta el 30 de abril de 2020 los siguientes plazos cuyo cómputo hubiese comenzado a contar antes del 18 de marzo:
  • Pagos de deudas tributarias derivadas de liquidaciones tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, una vez notificada la providencia de apremio. 
  • Vencimiento de plazos y fracciones de deudas aplazadas o fraccionadas. 
  • Plazos de subastas y adjudicaciones en procedimientos de embargo o apremio. 
  • Plazos para atender a requerimientos, diligencias de embargo o solicitudes de información (Atención: el acto notificado tiene efectos, aunque pueda contestarse o, en su caso, recurrirse en un plazo mayor). 
  • Plazos para formular alegaciones a la apertura o plazos de audiencia en procedimientos: 
  • De aplicación de los tributos. 
  • Sancionadores. 
  • De declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y revocación. 

¿Cómo se tratarán las ejecuciones de garantías sobre bienes inmuebles? 
No se procederá a la ejecución de garantías sobre bienes inmuebles hasta el 30 de abril de 2020. 

Cuando los actos que inicien los plazos antes mencionados se notifiquen a partir de la entrada en vigor del RDL 8/2020, dichos plazos se extenderán hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso se aplicará este último. 

¿Se podrá atender voluntariamente a los requerimientos o solicitudes de información o bien presentar alegaciones? 
Sí, los obligados tributarios podrán atender voluntariamente a los requerimientos o solicitudes de información o presentar alegaciones antes del 20 de abril, en cuyo caso, si no hacen reserva expresa de su derecho a la ampliación del plazo, el trámite se entenderá evacuado.

¿Alguna cuestión relevante en cuanto al cómputo de los plazos?
El periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de abril no computa a efectos de duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT, aunque durante el mismo, la Administración puede impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles. 

Además, dicho periodo no computará a efectos de los plazos de caducidad ni de los plazos de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria y para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas, ni de los derechos a solicitar y obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

A efectos de la prescripción de estos últimos derechos, se entenderán notificadas las resoluciones que pongan fin a los recursos de reposición y a las reclamaciones económico-administrativas cuando se acredite un intento de notificación entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020. 

De acuerdo con el criterio de la AEAT, en el caso de actos o resoluciones notificadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, cuyo plazo de recurso no hubiese vencido a la fecha de entrada en vigor del mismo, el plazo de interposición de recursos o reclamaciones económico-administrativas será de un mes a contar desde el 1 de mayo o el día siguiente a la pérdida de vigencia del estado de alarma, si esta fuese posterior. 

Ante la ausencia de manifestación del criterio de los órganos económico administrativos en la materia, un principio de prudencia aconsejaría que se respete el plazo ordinario de impugnación.

Para el caso de alegaciones ya formuladas, ¿alguna apreciación? 
Por lo que se refiere a la formulación de alegaciones en las reclamaciones económico administrativas ya iniciadas, si el plazo correspondiente hubiese comenzado a correr antes del 18 de marzo, no se ve afectado por la regulación del RDL 8/2020, por lo que deberá evacuarse el trámite en el plazo que corresponda de acuerdo con la norma ordinaria. Sin embargo, si la apertura del trámite de alegaciones se notifica ante el 18 de marzo y el 30 de abril, el plazo se extiende hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que de acuerdo con la normativa general el plazo aplicable sea mayor. En cualquier caso, ante la ausencia de una mención expresa a este trámite en el RDL 8/2020, una actuación prudente aconsejaría que, en todo caso, se cumpla con el mismo dentro del plazo aplicable conforme a la normativa ordinaria. 

Sobre los plazos que afecten a la Dirección General del Catastro, ¿existe alguna diferenciación? 
Los plazos para atender a requerimientos y solicitudes de información de la Dirección General del Catastro que se encuentren pendientes se amplían hasta el 30 de abril. 

Los plazos de alegaciones o audiencia que se comuniquen por dicha Dirección General a partir del 18 de marzo podrán atenderse hasta el 20 de mayo, o hasta la fecha posterior que determine la norma general, pudiendo el obligado tributario atenderlos voluntariamente con anterioridad. 

El periodo entre el 18 de marzo y el 30 de abril no se computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio, aunque durante el mismo, la Administración podrá impulsar, ordenar, y realizar los trámites imprescindibles.

Hablemos sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados
Según la DF PRIMERA de modificación del texto refundido de la Ley del ITP y AJD “Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto”

¿Existen aplazamientos para el pago de este tributo?
El RDL 7/2020 incorpora la flexibilización de los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de 6 meses, previa solicitud, sin intereses durante los 3 primeros meses siempre que: 

El deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019. 
Las deudas se correspondan con declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha sean de cuantía inferior a 30.000 euros. 

Dicho aplazamiento puede solicitarse también en relación con las declaraciones relativas a retenciones, IVA y pagos fraccionados que, conforme a las reglas ordinarias, no son susceptibles de aplazamiento.

Sobre al sistema financiero, ¿cuáles son las principales áreas que se han visto reguladas? 
Existen importantes novedades en todos estos puntos: 

1. Líneas de Avales para las Empresas y Autónomos
2. Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO
3. Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.

¿Quién se puede beneficiar de la moratoria? 
Los deudores de préstamos o créditos garantizados con hipoteca suscritos para financiar la adquisición de su vivienda habitual y que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica (*) para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19. 

También los fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.

Y finalmente, aquellas personas con vulnerabilidad económica: 
Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas; 
Que en el mes anterior a la solicitud de la moratoria el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, con carácter general, el límite de tres veces el IPREM anual de catorce pagas; 
Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar; 
Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

En el ámbito mercantil, ¿alguna noticia relevante? 
Sí, son muchas y las podremos resumir en los siguientes puntos: 

a) Celebración de reuniones no presenciales.
b) Formulación de cuentas anuales relativas al ejercicio 2019: el plazo de formulación de las cuentas anuales (tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social) se reanuda de nuevo por otros tres meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
c) Auditoría de cuentas anuales relativas al ejercicio 2019: en el supuesto de que, en el momento de la declaración del estado de alarma, las cuentas anuales del ejercicio anterior (2019) ya hubiesen sido formuladas, el plazo para la verificación contable de las cuentas (si la auditoría fuera obligatoria) se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
d) Juntas Generales Ordinarias: la Junta General Ordinaria se reunirá dentro de los 3 meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales, esto es en los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma (3 meses para formular y 3 meses para aprobar). Si ya se hubiese publicado la convocatoria con anterioridad a la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuese posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y hora previstos o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad con 48 horas de antelación (si la sociedad no tuviese página web, en el BOE), debiendo en éste último caso proceder a una nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.
e) Derecho de separación: no se podrá ejercer hasta que finalice el estado de alarma.
f) Reintegro de aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice dicho estado.
g) Disolución de sociedades: 
a. En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado. 
b. Si antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia del mismo, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo para la convocatoria de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma. Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese período.
h) Órganos de gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas
i) Plazos registrales: se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo. El cómputo de los plazos de reanudará a contar desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma o de su prórroga.
j) Plazo del deber de solicitud de concurso: mientras se encuentre vigente el estado de alarma, no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso: 
a. El deudor que se encuentre en estado de insolvencia hasta que transcurran dos meses desde la finalización del estado de alarma. Los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior. 
b. El deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley Concursal.

¿Cómo quedan las inversiones extranjeras? 
Queda suspendido el régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España que se realicen en los sectores que afectan al orden público, la seguridad pública y a la salud pública. Asimismo, queda suspendido el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España en determinados supuestos.

 

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